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El gobierno de Naucalpan que encabeza la panista Angélica Moya Marín, denunciará penal y administrativamente a la ex alcaldesa morenista, #PatriciaDuránReveles, y al ex tesorero Leopoldo Corona Aguilar.
La denuncia será por firmar un pagaré por 130 millones de pesos, con una empresa crediticia sin tener la aprobación del cabildo, título de crédito que no fue solventado, por lo que fueron embargados recursos federales canalizados al ayuntamiento.
Moya Marín, señaló que el incumplimiento de las obligaciones que dieron origen al pagaré, generó el embargo de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022 (FISMDF).
Dichos recursos se destinan a los municipios para aplicarlos en obra pública, en zonas de pobreza extrema y alto nivel de rezago social. Es la segunda ocasión que el gobierno de Naucalpan, denuncia públicamente irregularidades de la anterior administración municipal.
“El pasado 4 de noviembre de 2019, la expresidenta Patricia Durán Reveles y Leopoldo Corona Aguilar, extesorero municipal, firmaron un pagaré con la empresa Micro Credit S. A. P. I. de C. V. por la cantidad de 130 millones de pesos. Este compromiso nunca se solventó, por lo que el 3 de febrero de 2022, ya en nuestro gobierno, se notificó a la Dirección General Jurídica y Consultiva para que procediera jurídicamente”.
Gabriel García Martínez, director general Jurídico y Consultivo de Naucalpan, detalló que la línea de crédito que dio origen al pagaré, no se efectuó ante una institución bancaria, sino con una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), sin que fuera autorizada por el cabildo.
Expuso que el gobierno municipal recibió el emplazamiento de un juicio ejecutivo mercantil del juzgado 24 de la Ciudad de México, por lo que la Dirección Jurídica y Consultiva dará respuesta a la demanda, que no sólo implica el adeudo que se desprende del pagaré, sino también costos adicionales como intereses moratorios por ocho millones de pesos, más los honorarios de abogados.
“Estamos presentando las documentales respectivas para tratar de desacreditar la legalidad de esta actuación e independientemente de la defensa jurídica que estamos realizando, se está dando vista a la Contraloría Interna Municipal para que recabe mayor información”, dijo.
García Martínez mencionó que de acuerdo con los resultados de la Contraloría Interna se determinará si la denuncia penal es presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) o la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), además de que notificará los hechos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).