Enrique Vargas del Villar, propone fondo para fortalecer la seguridad, procuración e impartición de justicia

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El vicecoordinador de los senadores del PAN, Enrique Vargas del Villar, suscribió una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que instituya un Fondo Federal Permanente de Seguridad Pública.

De esta manera el Estado, podrías transferir recursos federales a los estados y municipios que lo requieran, para fortalecer a las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia. Esto ante el escenario de inseguridad que enfrenta el país.

Enrique Vargas –integrante de la Comisión de Seguridad Pública-, señaló que este nuevo fondo federal, serían utilizados por los gobiernos locales y estatales, para el equipamiento y profesionalización del personal de dichas instituciones.

“Las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública en México, atraviesan una situación crítica. La carencia de recursos financieros, humanos y materiales limita su capacidad para cumplir con su deber de proteger a la población.

“La falta de personal capacitado, la insuficiencia de vehículos y equipo de protección, así como las condiciones laborales precarias, son desafíos que enfrentan estas entidades y esto genera que la población se encuentre en un estado de indefensión”, expresó el senador.

Respecto a la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el político del Estado de México, señaló que desde 2019 a la fecha, los municipios dejaron de recibir más de 24 mil millones de pesos para la seguridad.

Los recursos destinados al Fondo Federal Permanente de Seguridad Pública, serán transferidos a los gobiernos estatales y municipales de forma anual, y estos deberán crecer año con año al menos en un porcentaje igual al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Asimismo, se contempla que su asignación se realice mediante criterios públicos de población, incidencia delictiva, rezago institucional, nivel de profesionalización, capacidades existentes, condiciones de marginación, transparencia y rendición de cuentas.

También establece que las entidades federativas y municipios que reciban los recursos, deberán cofinanciar en una proporción de al menos 1 a 1; es decir, un peso estatal o municipal por cada peso federal, salvo aquellos casos en los que existe un rezago muy alto.

Esto obligaría al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a publicar un informe de transparencia y evaluación del uso del Fondo Federal, indicadores de desempeño, metas alcanzadas, y recursos no ejercidos.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, entre marzo y abril de 2025, 75.6 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro.