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La comunidad indígena otomí de Huixquilucan, solicitó juicio político por traición a la Patria en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas y el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.
La demanda es por la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca. Además solicitaron el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, para que se cumplan las sentencias de siete mandatos judiciales a su favor, en contra de la expropiación de 750 mil metros cuadrados.
En rueda de prensa, Juan Villegas Mejía, explicó que el Poder Judicial de la Federación, les reconoció la propiedad de la tierra, luego de que el ex gobernador Peña Nieto, entregara en concesión el 7 de septiembre del 2007, los territorios indígenas.
Peña entregó a las empresas extranjeras BlackRock y Aleática, los terrenos de las comunidades de Toluca, Lerma, Huixquilucan, Villa del Carbón y Naucalpan. Villegas Mejía, representa a la comunidad indígena otomí de Ayotuxco, Yamazula, Quixtengo, Guiloteapan y sus pueblos San Francisco, Santa Cruz y rancherías equiparables del municipio de Huixquilucan.
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Juan Villegas, relató que el Tribunal Superior Agrario, determinó que las escrituras públicas de 1644 y 1645 que presentaron, las cédulas reales, los códices, los pergaminos, tienen valor jurídico, donde Isabel Moctezuma, hija del rey Azteca Moctezuma II, les entregó la propiedad de esas tierras que habían sido parte de su legado.
El pasado 21 de octubre, el gobernador Alfredo del Mazo Maza, inauguró la autopista en solitario, con cuatro acompañantes más, porque la comunidad de Huixquilucan se manifestó en contra, ya que la obra afectó 140 manantiales y un acuífero subterráneo, río que abastece todo lo que es la cuenca del río Lerma.
El representante indígena dijo que durante la construcción de la obra acabaron con más de 700 mil árboles que fueron derribados, hubo explosiones para rompimiento de todas las cuencas y prácticamente acabaron con el agua.
Confirmadas las sentencias de los amparos 139/2012, 529/2016, 424/2016, 479/2016, 270/2016, 010/2017 y 1008/2019, hoy se encuentran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, radicados mediante una queja administrativa por la omisión y desacato judicial, tras haberse recuperado del despojo de esas tierras desde 1993.
En total las comunidades indígenas otomíes presentaron 22 amparos en contra de la construcción de la autopista que hoy es administrada por la empresa Autovan, de los cuales fueron efectivos los siete que hoy se encuentran como queja administrativa.