OPINIÓN
Familias evangélicas en el municipio Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, están amenazadas por las autoridades locales, con ser linchadas por pertenecer a la religión evangélica.
En la comunidad de Los Reyes, autoridades autónomas amenazaron de muerte a Filiberto Marín Carrera y a Eduardo Vaquero Zulaica, por el delito de “no pertenecer a la religión católica y negarse a cooperar para las fiestas del pueblo”, violando su derecho a la libertad religiosa consagrada en el artículo 24 constitucional.
El alcalde Braulio Bonilla, y su suplente Efrén Velazco Zaragoza, designados por usos y costumbres, decidieron cortar el suministro de agua potable a la familia de Marín Carrera, ya que se han negado a dar la cooperación para realizar fiestas patronales, pues son miembros de la iglesia evangélica Monte de los Olivos, que pertenece a una denominación pentecostés.
El pasado miércoles 10 de enero, Filiberto y Eduardo fueron encarcelados por profesar la fe cristiana y posteriormente expulsados de su comunidad, bajo la amenaza de ser linchados si es que regresan y no se integran a la Iglesia Católica, para llevar a cabo trabajos a favor de esa religión.
Las autoridades han decidido emprender una campaña para desterrar de sus bienes a quienes no profesen la creencia mayoritaria. En esa población existen al menos 10 templos no católicos a los que asisten por lo menos unas 100 familias indígenas. Otro de los que han sido amenazados es Braulio Marín Carrisoza, quien ya tiene orden de aprehensión.
Además, han racionado el suministro de agua potable para esas familias desde el 2004, quienes han denunciado en varias ocasiones esta violación del derecho humano al acceso al vital líquido, pero no han tenido respuesta.
El municipio está enclavado en la Sierra Mazateca, donde continuamente se dan casos de intolerancia religiosa. Las administraciones pasadas hicieron caso omiso a este fenómeno, por lo que cientos de indígenas han debido abandonar sus tierras y asentarse en otras comunidades.
Los evangélicos piden la intervención inmediata del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, quien tiene conocimiento de casos similares en la entidad que se han suscitado durante su mandato.