EDITORIAL /
El mensaje que ha enviado el gobernador Alfredo del Mazo Maza, en el sentido de proteger, cobijar y atender a las mujeres víctimas de la violencia, parece no haber hecho eco en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual encabeza Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau.
El tormento, menosprecio y violación a sus derechos humanos que vive Adriana Rodríguez Hernández, raya en el límite de lo insostenible. Este caso merece la atención especial de Alfredo del Mazo, antes de que sea demasiado tarde.
Rodríguez Hernández, es Subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural de la Unidad de Análisis Criminal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, y es paciente del Centro Oncológico Estatal del ISSEMYM desde 2015, por cáncer de mama.
Actualmente, la funcionaria, tiene dos tumores: uno en la tercera cervical y otro en la médula, lo cual ha disminuido su movilidad, más no su capacidad intelectual. Por sus condiciones de salud, en abril de 2021, se cayó y se fracturó el tobillo izquierdo.
Hasta el momento, está a la espera de una cirugía de columna. Además, sufre constantes dolores de extremidades; tiene linfedema en el brazo izquierdo, por la mastectomía radical izquierda en la que se extrae la mama, los músculos del pecho y todos los ganglios linfáticos ubicados en el brazo.
Desde 15 de agosto de 2015, Adriana se ha convertido en el centro de ataques y burlas (por la denuncia que ha presentado), y han buscado por todos los medios quitarle la plaza que ocupa, sin importar que esté amparada por la incapacidad otorgada por el ISSEMYM.
Rodríguez Hernández, cuenta con el amparo No. 1919/16-II-B, ante el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien resolvió reinstalarla en su puesto de trabajo, a la vez que no se le hostigara o molestara.
José “N”, director General de Información, le solicitó un cambio de oficina a Adriana Rodríguez, al tiempo de pedirle una democión. En palabras de este funcionario, “una persona enferma no puede trabajar al ritmo de todos los demás”.
De hecho, Óscar “N” –jefe inmediato de Rodríguez Hernández-, le comentó que no tenía instrucciones de ubicarla en algún lugar. La jefa de la Unidad de Análisis Criminal, Bárbara “N”, también llegó a comentar que una persona con cáncer no es funcional.
De hecho le quitó el vehículo que tenía asignado, la obligó a dejar el tanque lleno de la unidad, y mediante el oficio No. 20600203020000L/DRIyCR/UAC/001/2021 de fecha 16 de febrero de 2021, se le ordenó quedarse en casa hasta que concluyera el COVID.
Esta es una mínima parte de todo lo que ha sufrido Adriana Rodríguez Hernández, por el hecho de tener cáncer de mama, y trabajar en la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Alguien tiene que detener este atropello y abuso a la dignidad humana.
Es momento de que el gobernador, senadores, diputados, alcaldes, funcionarios, organismos y asociaciones, apoyen inmediatamente a esta mujer que solo pide justicia, y que la dejen trabajar, para pagar los gastos de su padecimiento.
No hay que usar mucha ciencia: Adriana merece trabajar y estar en paz en la Secretaría.
Es momento de actuar en favor de los grupos vulnerables.