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La Contraloría Interna Municipal de Naucalpan, impuso una sanción de 53.31 millones de pesos e inhabilitó por 20 años a Iván Arturo Rodríguez Rivera, tesorero municipal en la administración del exalcalde Edgar Olvera.
Esto porque en 2016, efectuó pagos por el mismo monto a la empresa Zen Servicios Profesionales, “sin la debida justificación documental”.
El contralor interno de Naucalpan, Rafael Funes Díaz, explicó que esta sanción se suma a la impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa, en relación a pagos hechos a la misma empresa durante 2017.
Esta instancia dictaminó una multa de 63.83 millones de pesos y también 20 años de inhabilitación para Rodríguez Rivera por las mismas irregularidades.
El gobierno de Naucalpan y Zen Servicios Profesionales, firmaron un contrato el 3 de marzo de 2016, con el propósito de proporcionar asesoría legal y contable a la administración municipal para beneficiarse de las participaciones federales.
Sin embargo, una investigación de la Contraloría, reveló que no se cumplieron las cláusulas esenciales del contrato, incluyendo la obligación de emitir un dictamen sobre el trabajo realizado y notificar el monto recuperado antes de proceder con los pagos.
El extesorero, sin la documentación justificativa requerida, autorizó y permitió que las facturas no reflejaran la cantidad recuperada, lo que condujo al unilateral cobro por parte de Zen Servicios Profesionales del 18% del importe de los recursos correspondientes al municipio.
Esta acción resultó en un perjuicio económico a las finanzas públicas municipales.
Cabe señalar que las investigaciones de la Contraloría, abarcaron también los años 2017 y 2018.
En 2017, Rodríguez Rivera, autorizó 13 facturas por 63.83 millones de pesos a Zen Servicios Profesionales sin verificar la documentación que respaldara la ejecución de los servicios contratados, por lo que el Tribunal de Justicia Administrativa dictaminó dicha sanción.
En el año 2018, la Contraloría Interna Municipal de Naucalpan también investigó a Juan Carlos Sánchez Medina, en ese entonces tesorero municipal, por autorizar facturas por un monto de 46.19 millones de pesos a la misma empresa.
Igualmente sin verificar la documentación que acreditara la ejecución de los servicios contratados. El expediente fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa para determinar la sanción correspondiente.
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